Madrid, 29 de abril de 2022.- La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) está pendiente de conocer cuál será la aplicación y cómo va a repercutir a los clientes, agentes comercializadores y a los procesos el acuerdo político alcanzado entre España y Portugal con Bruselas para limitar el precio del gas.
Este acuerdo, que previsiblemente se incluirá en el Real Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, plantea topar el precio máximo del gas que se utiliza para generar electricidad en una media de 50 euros/MWh a lo largo de 12 meses en un principio.
El anuncio de este acuerdo llega para la asociación en un contexto de plena incertidumbre dado que no ha sido consultada por el Ministerio para aportar su visión y experiencia a la hora de dar forma a este mecanismo a pesar del interés mostrado en conocer los detalles de primera mano y no por filtraciones en los medios. No obstante, ACIE a través de EER (European Energy Retailers) está en contacto con la Comisión Europea para expresar las dudas que este mecanismo genera y los problemas en materia de competencia que podría generar.
De hecho, desde la asociación avanzan en la necesidad de clarificar cómo se hará el pago de esta medida, ya que si no se realiza mediante un concepto regulado, podría suponer la renegociación de algunos precios de clientes en un escenario de enorme incertidumbre dado que se desconoce previamente cuál es la cantidad a abonar.
Además de estos elementos, desde ACIE se pone de manifiesto que no se debe dañar la libre competencia, siendo preciso poner especial atención en el potencial impacto que podría tener este mecanismo en la capacidad de competir de los comercializadores independientes frente al PVPC.
Con respecto al impacto económico que pueda tener el compensar a las centrales térmicas por parte del resto del sistema, la asociación no puede aportar estimaciones cerradas, ya que este cálculo viene dado por variables hasta el momento no anunciadas.
No obstante, avanzan que este impacto puede implicar cientos de millones de euros anuales de diferencia si el tope fuera de 40€/MWh, en lugar de 50€/MWh, y consideran imprescindible que el Regulador configure un sistema correcto de supervisión y monitorización de la compensación a las centrales térmicas beneficiarias de este sistema.
“Dado que el Real Decreto Ley está pendiente de aprobación, nos encontramos en un contexto de elevada incertidumbre a la hora de saber cómo se articulará este mecanismo. Confiamos en que el Ministerio cuente con ACIE para aportar visión y valor añadido en una propuesta que no solo afecta a los agentes comercializadores y a los clientes, sino también a los procesos y procedimientos del sector que necesitarán de un periodo de adaptación e implementación”, ha apuntado Asier Gorostiza, presidente de ACIE.