Sin embargo, rechazan un posible endurecimiento de los avales para poder operar ya que lastraría la competitividad de las comercializadoras, impediría la entrada de nuevos competidores y, sobre todo, trasladaría un mayor coste al consumidor final por el gasto financiero ligado a los recursos adicionales inmovilizados.
Recuerdan que los minoristas, y los participantes del mercado en general, actualmente presentan unas garantías muy altas para poder desarrollar su actividad. La cantidad total de las garantías requeridas cubre el sistema por incumplimiento de todos los participantes al mismo tiempo.
“A este nivel de precios, con este nivel de volatilidad y con el importe tan elevado de garantías que se exige para operar, comercializadoras solventes pueden verse obligadas a dejar la actividad por problemas de liquidez”, señala Javier Bescós, presidente de ACIE. Y puntualiza que en los mercados organizados no se aceptan garantías. Solo efectivo.
Estas circunstancias son las que hacen que desde las comercializadoras se defienda la ampliación del modelo individual hacia un modelo de seguro crediticio sobre las liquidaciones del sistema donde cada participante pague una parte de la prima basada en su cuota de mercado. En este sentido, un mecanismo de aseguramiento conjunto mantendría al sistema indemne en caso de cualquier impago mientras que reduciría en gran medida las necesidades de capital de los distintos operadores redundando en un beneficio al consumidor final por reducir la estructura de costes del sector.
Además del avance hacia este modelo crediticio, ACIE comparte con el órgano regulador la necesidad de reforzar la estabilidad financiera del sistema, pero insisten en que el camino correcto debe pasar por la corrección de problemas como la facturación tardía o deficiente por parte de las empresas distribuidoras. Exponen que sería positivo realizar una modificación de la regulación que liberalice la toma de lectura y contemple la implantación de protocolos comunes de medida de contadores. En este sentido, consideran clave que la regulación les permita estimar la facturación a sus clientes cuando las distribuidoras se retrasan en la emisión de facturas.
Al margen del modelo crediticio ACIE pone sobre la mesa cómo el escenario económico actual ha provocado que las comercializadoras se enfrenten al aumento de riesgo de impago por parte de los clientes debido a la escalada de precios, tengan que afrontar el coste de los desvíos por la nueva metodología de liquidación que entrará en vigor el próximo mes y sufran un mayor estrés de tesorería.