Madrid, 9 de agosto de 2021.- La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha solicitado una reunión al MITECO para evaluar las alegaciones presentadas al Proyecto de Real Decreto por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético. La Asociación, que había solicitado durante años la implantación de un sistema voluntario de CAEs, muestra su preocupación por la obligatoriedad del modelo reflejado en el texto legal que perjudica a consumidores y comercializadoras de energía. 
 
La directiva europea 2012/27 obliga a las comercializadoras a conseguir un ahorro en las ventas anuales de energía a sus clientes y en caso de no hacerlo a pagar una cantidad equivalente para crear los fondos de eficiencia energética de cada país. En España, hasta ahora, para cumplir con las obligaciones anuales de ahorro energético y alcanzar los objetivos planteados por la UE, las comercializadoras únicamente podían realizar una contribución financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). El Proyecto de Real Decreto, lejos de establecer un modelo alternativo entre contribución económica o aportaciones basado en Certificados de Ahorro Energético (CAEs), lo que impone es una doble obligación: pago de una cantidad financiera obligatoria al Fondo de eficiencia y presentación de la obligación restante de ahorro energético a través de los CAES, e incumplir con la entrega financiera o con la aportación de certificados de ahorro supondría una sanción para la comercializadora.
 
En opinión de ACIE, esto tiene efectos adversos tanto para las comercializadoras como para los consumidores. La medida fuerza al incremento de la estructura comercial, con costes superiores al que soportan vía FNEE, para certificar el ahorro a sus clientes sin especificar ni la obligación anual, ni la sanción que conlleva su incumplimiento. Un sistema obligatorio beneficia por definición a empresas dominantes con mayor estructura de base. 
 
Cualquier incumplimiento en la obtención anual de CAEs, como señala la Asociación, no sería necesariamente imputable al comercializador. Cada comercializadora tiene clientes y estrategias muy diferentes, es posible que sus clientes no estén interesados en implementar inversiones en eficiencia en el contexto de crisis económica y sanitaria actual o que ya lo hayan hecho en los años anteriores. Por eso la directiva europea da la opción de realizar una aportación financiera en caso de no conseguir los ahorros y no propone sancionar por no conseguirlos. Además, se desconoce el catálogo de medidas de ahorro convalidables y los métodos y costes de certificación, lo que añade más incertidumbre a este cambio regulatorio.
 
También, destacan que la imposición que establece el texto legal no contempla un mercado organizado de intercambio entre los sujetos obligados, lo que conducirá a una escasez de certificados y redunda en la posibilidad involuntaria de no cumplir con la obligación. 
 
ACIE plantea un reenfoque del Proyecto de Real Decreto como solución
 
Para la consecución de los objetivos de ahorro energético en base a un modelo real y beneficioso, ACIE plantea un reenfoque del Proyecto de Real Decreto. La principal medida propuesta es el establecimiento de un modelo voluntario de Sistema Nacional de Certificados de Ahorro Energético que puedan ser convalidables para reducir la aportación dineraria anual del FNEE. 
 
También, proponen que se acompañe de una serie de herramientas que tiendan a facilitar su cumplimiento. En este sentido, sugieren el establecimiento de un marco regulatorio para el intercambio de los certificados entre los sujetos obligados.